El 1 de noviembre de 2013, Seattle se unirá oficialmente a la lista de ciudades que han decidido restringir el uso de registros de arresto y condena al buscar posibles empleados. La ciudad se une a Buffalo, Filadelfia y Newark, así como a los estados de Massachusetts, Minnesota y Hawái en “prohibir la casilla” para empleadores privados. Algunas jurisdicciones han “prohibido la casilla” para empleadores y contratistas públicos e incluso el Congreso de los Estados Unidos tiene una legislación tipo “prohibir la casilla” pendiente. La nueva política es extensa, ya que el término “empleador” se refiere a cualquier persona con uno o más empleados, o cualquier persona que actúe en interés del empleador. El término también se aplica a agencias de colocación, referencia y empleo. La nueva ordenanza se refiere a un “empleado” como cualquier persona que realice cualquier servicio para un empleador, cuando la ubicación física de esos servicios sea del 50% o más del tiempo, dentro de la Ciudad. La ordenanza también protege a los “solicitantes de empleo”, definidos como cualquier persona que sea de alguna manera un prospecto como “empleado”. El objetivo principal de la ordenanza es evitar que los empleadores excluyan automáticamente a un posible empleado basándose únicamente en su historial de arrestos o condenas, si su trabajo se va a realizar, al menos el 50% del tiempo, dentro de la Ciudad de Seattle. Los empleadores pueden realizar una verificación de antecedentes penales o requerir que un solicitante de empleo divulgue su historial criminal después de que el empleador haya realizado una selección inicial de solicitudes o currículums. Los empleadores también deben abstenerse de hacer preguntas sobre arrestos, cargos penales pendientes y / o condenas en el proceso de solicitud inicial. Incluso después de una selección de solicitudes o currículums, los empleadores deben ofrecer una “razón comercial legítima” antes de tomar una medida adversa basada en el historial criminal de un solicitante. Los empleadores que violen la ordenanza están sujetos a un aviso de infracción y una oferta de asistencia de la Oficina de Derechos Civiles de Seattle (la “Agencia”). Para la segunda infracción, el empleador está obligado a pagar una multa de hasta $ 750 al empleado perjudicado, y la multa aumenta a $ 1000 por la tercera violación. Los empleadores en Seattle y otras ubicaciones de “prohibir la casilla” deben determinar si los registros de condena se consideran de manera que esté relacionada con el trabajo, capacitar a los gerentes de contratación sobre el uso adecuado de los antecedentes penales en la contratación y mantener toda la información sobre los registros penales de los solicitantes y empleados confidencial.
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